La crisis por el fentanilo contaminado sigue sumando víctimas y cuestionamientos. De acuerdo con los últimos registros oficiales, ya se contabilizan 76 muertes vinculadas al lote adulterado, aunque las autoridades admiten que la cifra real podría ser mucho mayor. El magistrado que lleva la causa, Ernesto Kreplak, advierte que “esto no llegó al techo”.
La investigación identificó dos partidas con contaminación, una de ellas con alta distribución: el lote 31.202, elaborado el 18 de diciembre de 2024, con un total de 154.530 ampollas. Hasta el momento, se recuperaron judicialmente 64.000 unidades y otras 29.000 permanecen en instituciones de salud. El resto —unas 45.000— pudo haber sido utilizada antes de conocerse la alerta, descartada o incluso comercializada en el mercado negro.
Si bien el magistrado afirma que ya no circulan ampollas contaminadas, preocupa el alcance de las dosis aplicadas antes de que se activaran las medidas de seguridad. Según sus estimaciones, la proyección de muertes podría superar tragedias históricas como Cromañón o la tragedia de Once.
Ante la imposibilidad de rastrear todas las ampollas, el juzgado solicitó historias clínicas a hospitales donde la incidencia de fallecimientos no coincidía con los datos declarados. “Desde el inicio pensábamos en más de 100 víctimas”, reconoció Kreplak.
A pesar de que la investigación lleva meses y hay 24 personas bajo sospecha, todavía no hubo detenciones ni imputaciones formales contra Ariel García Furfaro, empresario responsable del laboratorio HLB Pharma. El propio Kreplak justifica esta decisión señalando que no hay pedidos de la fiscalía ni de las partes acusadoras.
Críticos de su actuación remarcan que no se apartó del expediente pese a que su hermano, Nicolás Kreplak, es el ministro de Salud bonaerense, un cargo con acceso directo a la información sobre la distribución de medicamentos en la provincia. Para los opositores, esa relación familiar bastaría para que el juez cediera la causa.
Uno de los puntos más polémicos es el papel del Hospital Italiano de La Plata, donde se produjeron varios de los primeros fallecimientos. Según revelaciones periodísticas, el juez reconoció rápidamente al centro de salud como “particular damnificado”, lo que coincidió con la estrategia de su director, Roberto Martínez, de presentarse como víctima de un engaño por parte del laboratorio.
Sin embargo, persisten preguntas sin respuesta: ¿por qué no se cerró la terapia intensiva cuando se detectaron los primeros casos con síntomas similares? ¿Qué medidas adoptó el equipo de infectología para frenar la propagación?
El Hospital Italiano, bajo la conducción de Martínez, se desvinculó de la red de clínicas privadas nucleadas en Acliba. Esta movida coincidió con la creciente presión del Ministerio de Salud bonaerense sobre los prestadores privados para que reciban pacientes de IOMA, la obra social de la Provincia.
En La Plata, donde gran parte de la población es empleada pública y afiliada a IOMA, la demanda sobre las clínicas privadas suele superar la capacidad disponible. Esta situación derivó en tensiones, denuncias de “aprietes” económicos y casos de intervención indirecta en sanatorios, como ocurrió con la Clínica del Niño y la Familia en Mar del Plata.