Presupuesto 2027 en La Plata genera cruces en el Concejo por una sobretasa a inmuebles ociosos
El proyecto enviado por Julio Alak contempla un gasto de $578.738 millones, un alza del 30% en la tasa SUM y un recargo de hasta el 125% para propiedades s
La discusión legislativa en torno al Presupuesto 2027 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva dio inicio al primer gran debate político del año en La Plata. La iniciativa enviada por el intendente Julio Alak al Concejo Deliberante estipula erogaciones por $578.738 millones y contempla una suba promedio del 30% en la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM).
El eje central de la controversia es la implementación de un recargo de hasta el 125% destinado a los inmuebles considerados ociosos, acompañado de un censo urbano para su localización. Ante la comisión de Hacienda, el secretario de Hacienda, Sebastián Genatti, y el titular de la Agencia Platense de Recaudación, Pablo Fontdevila, detallaron que el esquema comenzaría a regir el 1° de enero de 2027 e implicaría el relevamiento de unas 4.000 propiedades en el casco fundacional.
Para identificar estos inmuebles, la normativa autoriza a la administración comunal a realizar cruces de información sobre los niveles de consumo de agua y energía eléctrica, además de llevar adelante inspecciones en conjunto con el área de Obras Particulares. Los ediles de Fuerza Patria Josefina Bolis y Juan Manuel Granillo respaldaron la propuesta al señalar que, en un distrito universitario donde el 46% de las viviendas del casco se destinan al alquiler, el gravamen pretende desincentivar la especulación y ampliar la oferta locativa.
Por su parte, los bloques de la oposición adelantaron su rechazo y advirtieron sobre una posible judicialización del tema. El concejal del PRO Nicolás Morzone catalogó la medida como inconstitucional y puso como ejemplo el caso de construcciones detenidas por presuntas estafas inmobiliarias, como el fideicomiso ABES Lucero, advirtiendo que pequeños ahorristas afectados podrían afrontar el recargo por un inmueble inacabado. En tanto, desde La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan cuestionó la contraprestación que recibirían los contribuyentes y argumentó que el Ejecutivo no debe inmiscuirse en las decisiones privadas sobre los bienes.
Asimismo, surgieron interrogantes técnicos sin respuesta oficial referidos a las excepciones y descargos para propiedades en situación de sucesión, litigio o refacción. También se registraron objeciones, como las de ASAP Nueva Generación, respecto a la eximición de tasas para sedes sindicales debido a inconvenientes para percibir deudas previas. El cálculo de recursos destina $273.440 millones al área de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, con prioridades en bacheo, pavimento, luminarias y espacios públicos.
Desde el oficialismo defienden que el incremento general del 25% se ubica por debajo de la inflación interanual, justifican la presión sobre los ingresos propios debido a la merma en la coparticipación y sostienen que cuentan con los respaldos para emitir despacho en comisión y tratar el expediente en el recinto en las primeras semanas de diciembre.
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