Está integrada por la primera jueza mujer de la historia de Casación bonaerense que, además, fue fiscal en La Plata. Las partes ya hicieron la reserva legal.

La causa por el crimen de Fernando Báez Sosa llegará en pocas semanas al Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, donde los integrantes de una de las salas tendrán que volver a analizar el caso y dictar una resolución cuyo abanico de posibilidades es muy extenso ya que oscila desde la nulidad del juicio hasta el agravamiento de las penas para los tres acusados que recibieron una pena temporal. Casación provincial tiene su sede en calle 43 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata. Está integrada por seis salas de dos miembros cada una. En caso de no haber un mismo criterio, se convocará a un tercer magistrado para que termine de conformar el voto mayoritario de la resolución a tratar.

Fuentes judiciales confirmaron a 0221.com.ar que la sentencia dictada este lunes 6 de febrero por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores será analizada en la Sala II de Casación integrada por su titular Florencia Budiño (exfiscal en La Plata y primera en acceder a un cargo de jueza en esa instancia) quien sería acompañada por su par Fernando Luis María Mancini.

Los fiscales y los abogados que representan a los padres de la víctima ya formalizaron la reserva para recurrir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense con el fin de que se revisen las condenas a 15 años que recibieron tres de los ocho imputados por el crimen ocurrido en enero del 2020 en Villa Gesell, confirmaron fuentes judiciales.

En tanto, la defensa de los acusados, a cargo del abogado Hugo Tomei, también hizo la reserva ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores para recurrir a Casación bonaerense por las condenas a perpetua que recibieron Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22)Enzo Comelli (22)Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) y a 15 años que le dictaron a Blas Cinalli (21)Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23).

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, presentaron la reserva de Casación el lunes pasado horas después de haber escuchado el fallo condenatorio del TOC 1.

En el escrito los fiscales manifestaron «la intención de interponer Recurso de Casación» respecto de Lucas Pertossi, Cinalli y Viollaz, «quienes fueran condenados como partícipes secundarios del hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves», en perjuicio de Báez Sosa y algunos de sus amigos.

Fuentes judiciales confirmaron que también los abogados Fernando BurlandoFabián AméndolaGermán Facio y Facundo Améndola, en calidad de representantes de Graciela Sosa Silvino Báez, los padres del joven asesinado, presentaron en la mañana de este miércoles 8 de febrero la reserva de Casación.

«Venimos por el presente a efectuar la manifestación de la intención de interponer recurso de Casación, contra el fallo de fecha 6 de febrero de 2023 en cuanto resolvió condenar» a Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi a la pena de 15 años.

«Desde la fiscalía estamos muy conformes. Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas», señaló a la prensa el fiscal Juan Manuel Dávila el pasado lunes tras conocerse las condenas.

Dávila manifestó estar convencido de que Cinalli, Viollaz y Pertossi «son coautores y no que tienen una participación secundaria como dictó el tribunal».

Por su parte, el defensor Tomei también presentó la reserva del Recurso de Casación para apelar las ocho condenas establecidas por el TOC 1 de Dolores.

Ahora las partes tienen 20 días corridos para interponer formalmente el escrito ante el Tribunal de Casación bonaerense, completaron las fuentes.

Fernando Báez Sosa fue asesinado la madrugada del 18 de enero del 2020 a la salida del boliche Le Brique en pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, tras ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes que acababan de ser expulsados de la disco.

El hecho quedó filmado por decenas de cámaras de seguridad municipales y de teléfonos celulares de testigos presenciales, los que sirvieron a la investigación para individualizar y establecer la responsabilidad de cada uno de los condenados en el asesinato.

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