En Berisso, la legalidad parece haberse convertido en una herramienta selectiva. No rige como norma general sino como un recurso discrecional, aplicable según la conveniencia de quienes deberían garantizar su cumplimiento. Bajo la gestión del intendente Fabián Cagliardi, el caso del complejo habitacional levantado en plena zona de Paisaje Protegido expone con crudeza una matriz de funcionamiento que ya no puede disimularse: la superposición entre poder político, beneficio personal e inacción administrativa.

Lo que debería haber sido una intervención ejemplar del Estado —una demolición ordenada, fundada en normas claras y respaldada por expedientes administrativos— terminó transformándose en un símbolo de impunidad. La construcción no solo viola legislación provincial en materia de uso del suelo y protección ambiental, sino que además carga con una orden de demolición que, a pesar del paso de los años, nunca se ejecutó.

La gravedad no radica únicamente en la existencia de la irregularidad. Lo verdaderamente alarmante es quiénes la habitan. Funcionarios con responsabilidades directas en el control, la planificación y la ejecución de políticas urbanas —todos dentro del esquema político que responde a Cagliardi— residen en un desarrollo que, por definición, no debería existir. La estructura institucional queda así atrapada en un círculo vicioso: quienes deben aplicar la ley son, al mismo tiempo, beneficiarios de su incumplimiento.

Este tipo de situaciones no son errores administrativos ni simples demoras burocráticas. Responden a un patrón. Un mecanismo donde las normas se suspenden en la práctica, mientras se sostienen en el discurso. Donde los expedientes avanzan solo hasta el punto en que dejan de ser incómodos. Y donde la frontera entre lo público y lo privado se diluye peligrosamente.

El impacto trasciende lo urbanístico. Se trata de una señal directa al conjunto de la sociedad. Si el propio Estado ignora sus reglas, ¿qué incentivo tiene un ciudadano común para respetarlas? Si las sanciones no se aplican a quienes ostentan poder, ¿qué credibilidad conserva el sistema?

A esto se suma un componente aún más delicado: el ambiental. La zona en cuestión no es un terreno cualquiera. Está protegida por su valor ecológico, lo que implica restricciones específicas para su uso. Sin embargo, la evidencia indica que no solo se construyó en infracción, sino que el entorno habría sido alterado para sostener ese desarrollo. La lógica es tan simple como preocupante: primero se viola la norma, luego se consolida el hecho consumado.

La ausencia de respuestas oficiales refuerza la sospecha de un acuerdo tácito: no avanzar, no revisar, no incomodar. En ese silencio administrativo —que recae directamente sobre la conducción política del municipio— se sostiene la continuidad del problema. Y en esa continuidad, el mensaje es claro: el poder no se controla a sí mismo.

En términos institucionales, el daño es profundo. Porque no se trata únicamente de un edificio irregular. Se trata de la erosión de la autoridad pública, de la degradación del sistema de controles y de la pérdida de confianza en las instituciones. La demolición que no se ejecuta es, en realidad, la evidencia visible de una demolición más grave: la de las reglas de juego.

Lo que queda en pie no es solo una construcción ilegal. Es un modelo de gestión donde la ley queda subordinada a intereses particulares. Y bajo la órbita de Fabián Cagliardi, ese modelo ya no puede interpretarse como una excepción, sino como una forma de ejercer el poder.