La situación de las cárceles y comisarías de La Plata según las estadísticas oficiales
La Suprema Corte bonaerense busca reducir el hacinamiento en cárceles y comisarías. En La Plata hubo avances, pero quedan desafíos ante la crisis.
El Departamento Judicial de La Plata ocupa un lugar clave dentro del Programa de Cumplimiento de la Sentencia (PCS), elaborado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense en respuesta al histórico fallo “Verbitsky”, que declaró inconstitucional el hacinamiento en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.
El informe oficial al que accedió , que analiza el período comprendido entre junio de 2022 y junio de 2024, detalla las acciones impulsadas para revertir un problema estructural que lleva décadas: la sobrepoblación carcelaria y la permanencia prolongada de detenidos en dependencias policiales.
En La Plata, el PCS se tradujo en hechos concretos como la apertura de la Alcaidía Departamental, la firma de actas compromiso entre la Corte, los ministerios de Justicia y Seguridad y autoridades locales, y la creación de una mesa de trabajo permanente para coordinar el desalojo progresivo de las comisarías.
El objetivo es claro: que nadie permanezca más de 48 horas en una comisaría, y que cada detenido sea derivado a un centro de alojamiento transitorio en condiciones adecuadas mientras se define su situación judicial.
Actas, acuerdos y una alcaidía que busca aliviar las comisarías
Según el Informe de la Autoridad de Implementación y Seguimiento (APCS), La Plata fue seleccionada como caso piloto para replicar el esquema de “buena práctica” que ya funcionaba en Mar del Plata.
Durante 2023 se suscribieron actas compromiso que fijaron metas y responsabilidades compartidas: limitar la permanencia de personas detenidas en dependencias policiales, garantizar la recepción inmediata en la alcaidía y mejorar la comunicación entre las fiscalías, los jueces y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La Alcaidía Departamental La Plata, ubicada en las afueras de la ciudad, se transformó así en un punto estratégico del plan. Su puesta en marcha permitió una reducción sostenida del número de alojados en comisarías durante 2023, según las series estadísticas semanales que el informe incluye hasta el 1 de julio de 2024.
Los números del informe sobre cárceles bonaerenses
El descenso de la sobreocupación se enmarca en un contexto provincial donde, a esa fecha, 60.944 personas estaban privadas de la libertad, de las cuales 2.490 permanecían en comisarías y más de 54.000 en unidades del SPB.
En diciembre de 2020, esa cifra superaba las 5.700 personas alojadas en dependencias policiales, por lo que la meta de reducir a menos de 2.500 para fines de 2023 —cumplida en diciembre de ese año— representa un avance importante.
Una mesa local para coordinar y monitorear la crisis
La experiencia platense no se limitó a la infraestructura. El informe destaca la creación de una mesa departamental de trabajo, integrada por representantes de la APCS, el Comité Departamental Permanente de La Plata, funcionarios judiciales y ministeriales.
El espacio permitió acordar medidas de gestión procesal: promover audiencias preliminares, agilizar los acuerdos de partes, mejorar la carga de datos judiciales y desarrollar un plan piloto para revisar medidas de coerción. Estas iniciativas apuntan a reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, que sigue siendo una de las principales causas de sobrepoblación.
Además, se establecieron protocolos específicos para la derivación de grupos vulnerables (mujeres, personas trans, fuerzas de seguridad o detenidos por delitos sexuales o de género), con criterios más claros para su alojamiento seguro y temporal.
El informe también menciona que La Plata cuenta con un coordinador zonal del Servicio Penitenciario encargado de facilitar traslados y derivaciones, aunque reconoce que su impacto aún es “incipiente” y que el sistema necesita más interoperabilidad entre los registros policiales y judiciales.
Avances y pendientes: los desafíos que persisten
Si bien el balance general del PCS muestra avances concretos en La Plata, el propio informe señala que todavía existen comisarías con sobrecupo en distintos puntos de la jurisdicción.
La desigual distribución de detenidos —algunas dependencias saturadas y otras subutilizadas— refleja que la mejora general no garantiza condiciones dignas en cada lugar.
El Plan de Infraestructura Penitenciaria 2020–2023 permitió sumar nuevas plazas en alcaidías y unidades del SPB, pero la ecuación sigue siendo frágil: ingresan más personas al sistema de las que egresan.
Por eso, la Corte insiste en reforzar las medidas alternativas, como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y la revisión periódica de las prisiones preventivas, herramientas que en La Plata comienzan a aplicarse con mayor frecuencia.
Otro punto pendiente es la transparencia de los datos. Aunque la APCS desarrolla un micrositio con información pública, el detalle por dependencia policial aún no se actualiza en tiempo real. Esa falta de trazabilidad impide que la ciudadanía o las organizaciones puedan controlar el cumplimiento efectivo de las metas.
Una política que busca sostenerse en el tiempo
El caso La Plata ilustra el desafío central del PCS: pasar del acuerdo político al cambio sostenido. El programa combina infraestructura, gestión judicial y monitoreo ciudadano, pero su continuidad depende de mantener recursos y coordinación entre las distintas áreas del Estado.
La experiencia local demuestra que las alcaidías departamentales alivian la emergencia, pero no resuelven por sí solas el problema estructural. Sin un uso más racional de la prisión preventiva, sin mecanismos ágiles de traslado y sin registros interoperables, el riesgo es que el hacinamiento simplemente se traslade de una dependencia a otra.
En palabras del informe, el desafío de los próximos años será “transformar los avances operativos en políticas estables y medibles”.