Liberan a los tres colombianos detenidos en La Plata como presuntos miembros de «Los Parceros»

Tras las graves denuncias por armado de causa, el fiscal no pidió la prisión preventiva. El caso apunta a la presunta víctima y a personal de la DDI La Plata.

A menos de 72 horas de que la defensa de uno de los acusados presentara un contundente pedido de nulidad por presuntas irregularidades y armado de causa, el caso conocido como «Los Parceros» dio un nuevo y sorpresivo giro este jueves. Los tres ciudadanos colombianos que habían sido detenidos a fines de junio en La Plata, señalados como miembros de una supuesta organización delictiva, recuperaron la libertad luego de que el fiscal de la causa no mantuvo la solicitud de prisión preventiva.

La decisión del Ministerio Público fue «a la luz del pedido de nulidad y de las pruebas incorporadas por una de las defensas, con posterioridad a que pidiera la prisión preventiva que no la mantuvo y pidió su inmediata libertad al juez», detallaron fuentes judiciales consultadas. Además se iniciaron en paralelo dos causas penales por «falso testimonio» de la “víctima” y otra por «robo» al personal policial interviniente al tiempo que se le dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos.

Así, Jaime Alexander Calderón Buitrago, Robinson Alexander Moreno Gahona y Faysuri Buitrago desde hoy enfrentarán el proceso penal en libertad, aunque con restricciones: no podrán salir del país, deberán fijar domicilio y presentarse a cada convocatoria judicial que se les realice.

La decisión judicial, adoptada en el marco del expediente que tramita ante el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata a cargo del juez Guillermo Atencio, se produjo luego de que el Ministerio Público Fiscal -en una señal elocuente- optara por no sostener el pedido de prisión preventiva de ninguno de los imputados. Una decisión que, en los pasillos tribunales, fue interpretada como un reconocimiento al fiscal por su objetividad luego de analizar las inconsistencias denunciadas por la defensa.

De acusados a víctimas: el «olfato policial», bajo la lupa

La causa comenzó con un operativo policial realizado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, que intervino en la avenida 38 entre 11 y 12, en pleno centro platense, luego -según se informó en su momento- de advertir una pelea entre dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana, y una cuarta persona que luego fue identificada como Juan Domingo Cariaga, señalado como la presunta víctima de una tentativa de estafa.

Según la versión oficial difundida inicialmente emanada de usinas policiales de información, en el procedimiento se incautó un arma de fuego, billetes en moneda extranjera presuntamente falsificados, documentación apócrifa y varios teléfonos celulares. Sin embargo, tras la publicación de una nota que puso bajo escrutinio el operativo, comenzaron a conocerse graves irregularidades en la investigación.

Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, defensores de Moreno Gahona, denunciaron que todo el caso fue una celada organizada por Cariaga en complicidad con policías bonaerenses, con el objetivo de incriminar falsamente a los tres colombianos y apropiarse de sus bienes. El planteo incluyó un pedido de nulidad total del procedimiento, por entender que se había violado el debido proceso, la defensa en juicio, la privacidad de los acusados y su derecho a la libertad.

La situación judicial cambió de eje: ¿de acusados a denunciantes?

La resolución de no solicitar prisión preventiva para ninguno de los tres imputados representa un cambio de escenario que puede resultar decisivo para el futuro del expediente. Si bien los ciudadanos colombianos siguen formalmente procesados, el hecho de que permanezcan en libertad deja en evidencia que la Fiscalía no encontró elementos sólidos para sostener una acusación con los niveles de gravedad iniciales.

Fuentes judiciales indicaron que el fiscal valoró el planteo de la defensa y las múltiples inconsistencias que emergieron en las declaraciones de la supuesta víctima, Juan Domingo Cariaga. Entre ellas, figuran contradicciones respecto al lugar de los hechos, relaciones previas con los acusados que intentó ocultar, diferencias horarias injustificadas entre el acta policial y su testimonio, y videos que lo muestran alardeando sumas de dinero y manipulando dólares en el mismo lugar donde luego dijo haber sido víctima de una estafa.

Además, ya se ordenó la remisión de antecedentes para investigar a Cariaga por el presunto delito de falso testimonio, a raíz de la mendacidad de sus declaraciones.

En paralelo, crece la preocupación por el rol desempeñado por los efectivos de la DDI La Plata que participaron del procedimiento. En especial, por la actuación del oficial Jonatan Barroso, a quien la defensa acusa de haber instalado desde el inicio una versión ficticia de los hechos, basada únicamente en lo que denominó su «olfato policial».

Teléfonos desaparecidos, pruebas irregulares y bienes incautados

Otro de los ejes centrales del escándalo judicial es el manejo de los teléfonos celulares de los imputados, en especial un iPhone 15 negro y un Samsung S25, de altísimo valor económico. Según la denuncia de los abogados, estos dispositivos nunca fueron incorporados al acta de procedimiento, lo que constituye una grave irregularidad.

Días después, apareció un iPhone distinto, incorporado al expediente sin cadena de custodia y con características que no coinciden con el teléfono de Moreno Gahona. Para la defensa, esto implica que la prueba pudo haber sido alterada o directamente plantada, lo que comprometería la legalidad del proceso.

También se cuestionó el rol del testigo de actuación quien declaró que cuando fue convocado los tres ciudadanos ya estaban reducidos en el piso, esposados y fuera del edificio. Esto contradice la versión policial de que la detención ocurrió en la vereda tras observar una discusión, y refuerza la sospecha de que el procedimiento fue irregular.

Lo que viene: posibles imputaciones a policías y una investigación que se redefine

Con los acusados en libertad y la causa claramente desvirtuada respecto a su origen, el caso judicial comienza a tomar otro rumbo. El foco ya no está puesto exclusivamente en los tres colombianos, sino en la actuación del personal policial y de quien fue presentado como la víctima del hecho.

Ahora, el juez Guillermo Atencio deberá resolver si hace lugar al planteo de nulidad general presentado por la defensa, lo que podría provocar la caída de todo el expediente, y eventualmente el inicio de nuevas actuaciones penales por privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Mientras tanto, Calderón Buitrago, Moreno Gahona y Faysuri Buitrago permanecerán a derecho, a la espera de una definición que podría revertir completamente sus condiciones procesales. Su libertad, por ahora, es el indicio más claro de que la investigación judicial ya no confía en la versión policial que dio origen a su detención.

La historia de los supuestos «Parceros» en La Plata podría ser, en realidad, la de tres personas atrapadas en una maniobra fraudulenta con ribetes policiales, y que ahora buscan justicia para limpiar sus nombres.