Concejo Deliberante

El futuro del Bioparque de La Plata volvió a instalarse en el centro del debate político local. Un proyecto de ordenanza presentado este lunes por el concejal del PRO Nicolás Morzone propone habilitar al Departamento Ejecutivo a avanzar con un esquema de privatización y/o concesión total o parcial del predio, con el objetivo de recuperar el espacio y concretar su reapertura.

La iniciativa establece un plazo de 180 días desde una eventual promulgación para iniciar los procedimientos necesarios y definir el nuevo modelo de gestión. Entre los puntos centrales, el proyecto plantea que cualquier esquema deberá garantizar el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico, paisajístico y cultural del lugar.

Al mismo tiempo, busca habilitar la incorporación de capital privado, tecnología y capacidad de gestión para desarrollar actividades educativas, científicas, turísticas, recreativas, gastronómicas y comerciales. Una de las alternativas contempladas es la creación de una Sociedad Anónima con mayoría estatal, integrada en un 51% por la Municipalidad de La Plata y un 49% por privados.

También se prevé la posibilidad de otorgar una concesión integral o concesiones parciales para sectores específicos como gastronomía, estacionamiento, recorridos, actividades educativas y eventos. El texto también habilita la celebración de contratos bajo esquemas de participación público-privada. Pese a la apertura al sector privado, el proyecto fija un límite concreto: el inmueble no podrá ser vendido ni transferido.

La Municipalidad mantendrá la titularidad del predio y de sus instalaciones, mientras que las funciones de control, regulación, conservación, protección ambiental y bienestar animal continuarán bajo órbita pública. Las concesiones que impliquen explotación exclusiva deberán realizarse mediante procedimientos públicos y competitivos.

La propuesta además limita las contrataciones directas, las prórrogas automáticas y las renovaciones sin evaluaciones previas debidamente documentadas. Antes de cualquier proceso licitatorio, el Ejecutivo deberá contar con estudios sobre el estado edilicio, sanitario y de los animales, además de análisis económicos, ambientales y jurídicos.